Reuters
El Impuesto de Patrimonio, una figura que parecía contar con cada vez más adeptos en el ámbito académico los últimos años ante el impacto de la crisis, no ha logrado traspasar su popularidad teórica a la práctica en Europa. Su principal promotor, el economista francés Thomas Piketty, defendía en «El capital en el siglo XXI» (2014), un impuesto mundial a las grandes fortunas para que el Estado paliara las desigualdades que había generado la Gran Depresión. El agujero de las arcas públicas en la mayoría de países occidentales también parecía influir en la aprobación de este tipo de tributos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin ir más lejos, suspendió el Impuesto sobre el Patrimonio, en 2008 para recuperarlo en 2011, buscando ingresos para reducir un déficit público disparado.
No obstante, los años han sepultado al tributo como una excepción internacional frente al resto de la Unión Europea. Desde 2012, el Gobierno español ha prorrogado año a año el impuesto, que en 2016 ingresó unos 1.034 millones de euros, un 0,09% del PIB. La siguiente «renovación» se determinará en unas semanas, cuando el Ejecutivo presente los Presupuestos de 2018. Francia y España son los dos únicos países de la UE que gravan de esta manera los grandes patrimonios, aunque Países Bajos tiene un impuesto similar integrado en el IRPF. El presidente galo Emmanuel Macron ha anunciado que lo eliminará en 2019, lo que dejaría a España como único país que mantendría este gravamen en la UE.
París sigue así a otros países que ya abolieron el impuesto: Italia (1992), Irlanda (1997), Alemania, tras declararlo inconstitucional (1997), Finlandia (2005), Luxemburgo (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) o Hungría (2010). Otros estados como Bélgica parecen abiertos a aprobar un tributo similar, no obstante. Fuera de la UE, dos países europeos tienen impuestos similares: Noruega y Suiza. El estado helvético, precisamente, es el que más recauda por esta figura, con un 1% del PIB de ingresos.
En España el tributo está cedido a las comunidades autónomas, que dibujan amplias diferencias en el impuesto. Madrid lo bonifica al 100% -por ello dejó de recaudar 660 millones en 2015-. Así, en el caso de un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros, si en Aragón paga cada año 1.164 euros, y en Extremadura dedica 1.099 euros, en Madrid no paga ni uno, según calcula el Consejo General de Economistas REAF-Regaf. Las comunidades que más recaudan con el tributo son Navarra -con un 0,26% de su PIB, es decir, 48 millones-, seguida de Cataluña, con un 0,23% -en román paladino, 462 millones-, debido a que tienen un mayor número de grandes fortunas y tipos más elevados frente al resto del país. El impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, aunque algunas regiones cuentan con umbrales más bajos.
Ahora la reforma de la financiación autonómica aborda el futuro del impuesto, al menos en las comunidades de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra-. El grupo de expertos elegido por Hacienda y las comunidades para alumbrar un nuevo modelo, se mostró dividido. Sus propuestas abogan por clarificar y armonizar el tipo máximo en IRPF y Patrimonio para evitar «la posible confiscatoriedad del tributo» pero los expertos eludieron recomendar un tipo mínimo, por lo que Madrid podría seguir bonificándo el gravamen al 100%. El informe subraya las «distorsiones que el impuesto provoca sobre el ahorro y la inversión, con sus consecuentes costes de eficiencia, su carácter potencialmente confiscatorio debido al gravamen repetido de una misma base y su limitado poder redistributivo». Pero también valora el músculo recaudatorio del tributo.
Fuente: Abc.es